Dos ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas declararon ayer en el juicio contra el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Brito, y relataron la metodología y los resultados de una serie de inspecciones a más de 200 obras efectuadas por contrato directo en la gestión del ex funcionario alperovichista (2007-2012).

Mientras la Fiscalía de Cámara, a cargo de Carlos Saltor, hizo foco en los materiales y trabajos presuntamente “fantasmas” -es decir, pagados pero no ejecutados o no recibidos-, los defensores Fernanda Battig y Francisco García Posse (ayer no participó el letrado Arnaldo Ahumada) apuntaron a las inspecciones de los profesionales del ente de control y a sus conclusiones.

Las juezas de la Sala VI de la Cámara Penal, Alicia Freidenberg, Stella Maris Arce y María Elisa Molina, resolverán al momento de dictar sentencia si estos testimonios e informes tendrán valor de prueba.

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El tribunal manifestó esta postura tras un planteo defensivo que cuestionaba las preguntas del fiscal de Cámara. Si bien figuran dentro del requerimiento de elevación a juicio contra Brito, los casos de supuestas obras no realizadas descriptas ayer por los ingenieros fiscales del TC no están especificados en la imputación penal. Freidenberg, tras deliberar con sus pares, anunció que se iba a dar lugar a los interrogatorios de Saltor y a las respuestas de los testigos, “sin perjuicio de la valoración” que realice en su momento el tribunal.

Rol clave

Los ingenieros fiscales Fernando Padilla y Lucía Femenías participaron de la primera auditoría técnica a la gestión de Brito, publicada en 2013 por el ente de control (acuerdo 3.377/13).

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En informe se detectaron irregularidades en 86 de 500 obras tramitadas bajo el régimen especial de compras directas de la ley 7.960. Con el correr de los años, el ex titular de la DAU fue subsanando algunas de las observaciones administrativas. Aún afronta 39 casos por los cuales está imputado en un juicio de responsabilidad -administrativo- que se tramita en paralelo al caso penal. En este debate oral, Brito está acusado de los presuntos delitos de fraude al Estado y negocios incompatibles con su cargo.

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Los ingenieros fiscales tuvieron un rol clave la auditoría. A Padilla le asignaron la revisión de 110 obras, y constató en persona 103 de ellas. Femenías se ocupó de 168 obras y visitó 143.

En principio, según coincidieron los testigos, ambos registraron varios casos en los que no se pudo comprobar la ejecución de los trabajos y servicios abonados por la Provincia. ¿La razón? La propia repartición demoró el envío de la documentación técnica, explicaron. “En 2017 nos llegaron los planos, algo básico para controlar una obra”, dijo Padilla. Femenías señaló: “no en todos los casos pude identificar el lugar, por cuanto no teníamos el ‘expediente matriz’ (sic) de la obra”.

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Una vez que accedieron a esos papeles, los ingenieros fiscales ratificaron que había posibles irregularidades en algunos casos y rectificaron otros. Según Padilla, observó cinco obras en las que “no se hizo nada” y ocho “con trabajos parciales”. Como estos hechos no fueron contemplados en el requerimiento de elevación a juicio y la Sala VI aún no definió si incorpora la auditoría actualizada como elemento de prueba, la Fiscalía de Cámara no profundizó al respecto.

Rampas y cañerías

Femenías inspeccionó trabajos de la DAU que sí están mencionados en la acusación que sustenta el juicio penal contra Brito.

Por ejemplo, el caso titulado “rampas para discapacitados en obras de cordón cuneta - pasaje Gómez, Thames y Zavaleta”. La ingeniera fiscal no halló en esa zona los bloques premoldeados con el logo de la DAU que habían sido adquiridos por la repartición, sino ocho construcciones de cemento realizadas en el propio sitio y que “no se correspondían” con lo contratado.

La Fiscalía de Cámara también le consultó sobre un expediente referido a la “fabricación y provisión” de 420 rampas para discapacitados. “Se trata de la adquisición (de esos elementos). No puedo decir dónde están. (La documentación) no lo dice”, remarcó Femenías. En cambio, en otro expediente relativo a la “colocación” de rampas para discapacitados -en dos zonas de la capital- la ingeniera fiscal sí contó con datos de las ubicaciones proyectadas. Sin embargo, luego de “un recorrido por los lugares” señalados, concluyó que “no fueron colocadas” según lo previsto.

La defensa de Brito dirigió sus preguntas a las conclusiones expresadas por Femenías en su informe técnico. García Posse, por ejemplo, cuestionó que las inspecciones de 2013 señalaran como inexistentes obras que, cuatro años después, fueron encontradas. “Aún en los casos en los que usted ha verificado la ejecución de la obra, formula la frase: ‘no se pudo constatar la efectiva contraprestación’ de los trabajos”, planteó Battig sobre una inversión en cloacas. La testigo señaló que no todos los casos eran iguales. Advirtió que, en ese hecho puntual, no podía aseverar qué repartición había llevado a cabo el trabajo, ni en qué fecha, por falta de datos o por carecer del expediente de la DAU.

Esta semana podría terminar la rueda de testigos. Con la sentencia se conocerá qué valor otorga el tribunal a los dichos de ayer.